El Gobierno ha planteado una propuesta sin consenso político y rechazada tanto por los afectados como por los que presentaron las denunciasDerribar lás de 600 viviendas, porque según las sentencias judiciales se han construido ilegalmente, nos sitúa ante el mayor desastre urbanístico de nuestra Comunidad . Y hacer frente a los gastos económicos que se derivan, más de 150 millones de euros -25.000 millones de pesetas- generará a las arcas regionales el mayor perjuicio que jamás nadie haya producido en Cantabria.Siendo todo esto muy grave, lo que más nos debe preocupar es el daño que esta catástrofe ocasiona a los afectados inocentes. Empresas y familias construyeron y compraron al amparo de permisos y licencias de la Administración. Tras más de quince años con este conflicto, la asfixia económica, la angustia y la depresión vital han cambiado la vida de estas familias para mal, poniéndolas al borde de la ruina y desesperación.Desde el Parlamento hemos asumido el problema poniendo al servicio de los afectados una ley. Ley que les reconoce su derecho a percibir la indemnización correspondiente antes del derribo. Esto no les consuela: ellos defienden que no se derriben las casas, pero en caso de derribo no saben ni cuándo, ni cuánto percibirán... y el sufrimiento continúa.El Gobierno y los alcaldes del Partido Popular, responsables de los pleitos perdidos, han presentado una propuesta a los jueces para ejecutar estas sentencias causando el menor daño posible. La propuesta no es de todas las partes. No es de consenso de los grupos parlamentarios, porque el consejero Juan José Fernández va sobrado. No es de los afectados, porque rechazan el derribo. Ni es tampoco de los que ganaron los pleitos y tienen la razón según los tribunales. ¡Qué difícil lo tienen los jueces! Bueno sería para seguir avanzando que, de entrada, todos aceptemos de buen agrado la decisión que tomen los órganos jurisdiccionales.Por otra parte, el documento presentado, aunque es acertado en algunos planteamientos, es incompleto, insuficiente y equivocado en otros. Compartimos y apoyamos que el Gobierno de la comunidad lidere, mejor con consenso, una solución al problema.Es razonable que la ejecución de los derribos sea escalonada en el tiempo y que no se derribe hoy, si así lo entienden los tribunales, los edificios que mañana puedan construirse en el mismo lugar y con las mismas condiciones.Calificamos la propuesta de incompleta porque no están ni todas las sentencias de derribo de Cantabria, ni todos los Ayuntamientos. Esta es la realidad que es necesario corregir. Y decimos que es insuficiente porque el Gobierno debiera de hacer un ejercicio de acercamiento con generosidad a los derechos de quienes han ganado los pleitos y sobre todo debiera alcanzar un acuerdo con empresas y familias. Ni la propuesta a los tribunales, ni la Ley del Parlamento servirán para finalizar con este gravísimo problema, si no hay un acuerdo con los afectados en las valoraciones de los daños producidos.Las previsiones económicas del Gobierno para la ejecución de las sentencias son absolutamente insuficientes. Y tachamos el documento de equivocado e injusto si los ayuntamientos responsables, como ha anunciado el de Piélagos, no se hacen cargo de la parte económica que les corresponde. ¡Qué difícil lo tienen los jueces!Por último llama la atención que este Gobierno, que pide todos los días responsabilidades a todos y por todo desde que llegó, se encuentre ante el mayor desastre y el mayor daño causado a empresas, familias y a las arcas regionales y no reclaman nada a nadie. No acusan de nada a nadie.Teniendo como tienen los ojos en la nuca no han visto a ningún cargo público de Partido Popular, y ¿a los alcaldes del Partido Popular que, además, fueron condenados por delito urbanístico a cárcel y a inhabilitación.? El Sr. Diego hace unos meses a uno de éstos, más allá del apoyo humano, le ha hecho un homenaje de gratitud y le ha presentado como ejemplo de rectitud, de honradez y de honestidad. Así lo leímos en este periódico.¡Qué difícil lo tienen los jueces! ... para que desastres como éstos no vuelvan a ocurrir.
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Los derribos: ¡Qué difícil lo tienen los jueces!
martes, 8 de noviembre de 2011
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, menos en Torrelavega, según el Alcalde y la Policía Local
Por esta acción que se ve en la foto y que yo mismo tomé en el transcurso de la inauguración del servicio de transporte urbano en Torrelavega, los dirigentes de la Asociación Vecinal 'Rio Indiana' del Barrio La Inmobiliaria de Torrelavega, han sido denunciados y llamados a declarar ante la Fiscalía. No tengo mas detalles que los que acabo de recabar de uno de los implicados en este ¿absurdo, estaría bien llamarlo así? pues por no ir mas allá lo dejo en absurdo, caso de denuncia policial hacia unas personas que ejercían su derecho a manifestarse públicamente con una pancarta, ante lo que han considerado engaño del Alcalde, Ildefonso Calderon, al Barrio de la Inmobiliaria. Tomas Rivero, dirigente de la Asociacion Rio Indiana (ex concejal y ex diputado por el PSOE) y J. Carlos Gutierrez (ex sindicalista) y dirigente de la misma asociación de vecinos del mas populoso barrio de Torrelavega.
Como fui testigo directo, he de decir que en ningún momento interrumpieron el acto, ni la circulación, ni entorpecieron el paso de viandantes, ni la entrada o salida de los autobuses que en ese acto se ponían en marcha, etc. y es más, en todo momento estuvieron en silencio, solo exhibiendo la pancarta que se ve en la foto. Al Alcalde no le debió gustar nada que el acto preparado ante invitados y los medios de comunicación, quedara deslucido por este grupo de 'incordiadores' que además venían a llamarle, ante la cara de todos que es un 'mentiroso'. Entonces, investido de los poderes que le da el ser la Primera Autoridad Municipal, conmina al jefe de la Policía Local para que les impida estar en ese lugar y los denuncie.
¿La causa o motivo de la denuncia? Pues no la conozco, ni los manifestantes, tampoco. Pero se presupone que es por manifestarse y portar una pancarta en la que se puede leer lo que se ve en la imagen.
La denuncia va a la Delegación del Gobierno, según cauce establecido, el Delegado del Gobierno la remite a la Fiscalía y esta comienza la instrucción de caso, llamando a los dos dirigentes vecinales, como responsables del ¿altercado, falta de orden, incumplimiento de la ley...?
Pues ha cometido, Sr. Alcalde, un grave error que le va a costar mas de un disgusto. Verá enseguida como se le plantan las demás Asociaciones de Vecinos, Cívicas, Organizaciones Sindicales, Trabajadores de Papelera, Sniace, Firestone, de la Enseñanza, Sanidad, Justicia, Estudiantes y cualquier otro colectivo de los que han participado o piensan participar en manifestaciones con pancartas, en silencio o ruidosas. ¡Vaya un lío mas tonto se ha buscado. Por que, además, esta situación se ha producido ante sus narices, por ejemplo en su toma de posesión con los 'indignados del 15 M' y los trabajadores de Nueva Papelera. Durante unos cuantos días, ya siendo Autoridad, con la ocupación de la Pza Mayor por el Movimiento del 15 M. Ha sido testigo, cada viernes y en la legislatura del PSOE, al presenciar cómo ante la fachada muncipal un grupo de personas se manifestaba protestando por la contaminación del pueblo de Ganzo y lo que resultó mas grave, la ocupación por los miembros de la Policía local de las dependencias municipales, con sirenas, pitos y gritos que provocaron el desalojo del personal y la interrupción de la actividad. Sí, por los policías locales que hicieron valer su libertad de expresión protestando por lo que consideraban que debían manifestarse. Sí, esos mismos policías que trataron de impedir la manifestación de esos vecinos a instancia del Alcalde, se supone que demócrata y conocedor de unos de los derechos fundamentales: El Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión. Tal vez, ni el Sr. Alcalde, ni los agentes de la Policía Local conozcan lo que significa ejercer un derecho como la libertad de expresión, pero aunque no les guste y parece ser que no, todo el mundo tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas sin temor o injerencias.
Un derecho que es importante para el desarrollo personal y la dignidad de cada persona, y es fundamental para el disfrute de otros derechos humanos. La libertad de expresión ha sido siempre parte esencial del trabajo de Amnistía Internacional, Organización de la que formo parte, y guarda una estrecha relación con el derecho a defender la propia opinión y con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
No se puede admitir a estas alturas en un sistema democrático, por si lo desconocen, que a causa de la defensa de los intereses de los ciudadanos o de sus creencias o ideas políticas, religiosas y cualquier otro tipo o a causa del origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual o cualquier otra condición, cualquier persona sea intimidada, obligada a callarse o a no poder decir y escribir en una pancarta como en este caso lo que piensan.
Y termino. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad