"Los derechos fundamentales de las personas, y el del
acceso a la Justicia constituye uno de los principales, no deben
quedar supeditados a las disponibilidades económicas de cada momento,
pues es obligación de todo Gobierno garantizarlos."
lunes 12 nov 2012 de J Ignacio Peña Ruiz-Capillas,
El Colegio dan Abogados de Cantabria, en línea con lo acordado por el Consejo General de la Abogacía Española, ha convocado manifestaciones ante las sedes judiciales de Santander y Torrelavega este lunes, día 12, a las 12.00 horas, para mostrar su "total oposición" al proyecto de Ley de Tasas Judiciales. A la convocatoria ha acudido un nutrido grupo de de abogados y tambien, lo que ha supuesto una grata sorpresa para muchos, varios jueces con plaza en Torrelavega.
Según el colegio profesional de abogados, en un comunicado, el manifiesto aprobado por el Consejo General expone "de manera clara" la postura de la Abogacía ante la situación "alarmante" que atraviesa la Administración de Justicia y especialmente ante la posible aprobación, el próximo 14 de noviembre, día de la huelga general, de dicho proyecto de Ley.
Señala que la Abogacía "no puede admitir en modo alguno las limitaciones" que para los derechos de los ciudadanos se operan a través del citado proyecto, con la "excusa" de la situación económica que se atraviesa.
En este sentido, destaca que los derechos fundamentales de las personas, y el del acceso a la Justicia constituye "uno de los principales", no deben quedar "supeditados" a las disponibilidades económicas de cada momento, pues "es obligación de todo Gobierno garantizarlos".
El proyecto de Ley además, según dice, se ha tramitado "a espaldas" de todos aquellos que intervienen en la Administración de Justicia: jueces, secretarios, procuradores, abogados, etcétera, habiendo obtenido "el rechazo de muchos de ellos"; y asimismo, "se ha sustraído del debate de la sociedad en un procedimiento casi oculto, rápido y desde luego récord en la tramitación de un proyecto de Ley".
En la manifestación-concentración,en la entrada del Palacio de Justicia de Torrelavega, tanto abogados como jueces (en Torrelavega han sido varios) han mostrado su rechazo al proyecto. En Cantabria las concentraciones han tenido lugar en Las Salesas de Santander y en los Juzgados de Torrelavega.
El Colegio de Abogados ha hecho un llamamiento a la sociedad de Cantabria "para que reaccione y sea consciente de la trascendencia que tiene para sus derechos la aprobación de este proyecto de Ley, ya que en muchas ocasiones muchas personas no van a tener oportunidad de defender sus derechos por carecer de medios para ello", dice.
"Los derechos fundamentales de las personas, y el del acceso a la Justicia constituye "uno de los principales", no deben quedar "supeditados" a las disponibilidades económicas de cada momento, pues "es obligación de todo Gobierno garantizarlos", asegura.
Añade que los abogados, que tienen entre sus funciones no sólo defender los intereses de sus clientes, "sino especialmente los derechos fundamentales de las personas", "tienen obligación de tratar por todos los medios que esta tropelía no se consume".
A su juicio la reforma planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es "claramente improvisada, ausente de todo tipo de dialogo, enfrentada con la totalidad de los agentes que intervienen en la Administración de Justicia, y muy perjudicial para los intereses de los ciudadanos", por lo que "no debe de aprobarse, al menos, sin la frontal oposición de la Abogacía".
"Esta Justicia que para ricos abre las puertas, y que a su vez la cierra para muchos ciudadanos, no va a ser Justicia en la medida en que es claramente discriminatoria", señala el Colegio, que insta a los ciudadanos a que acudan a las manifestaciones "para tratar de evitar que este desmán se consume".
De conversaciones mantenidas con profesionales de la abogacía, estas tasas según sus manifestaciones, abusivas desde todo punto, supondrán el fin de la actividad para muchos abogados y despachos y principalmente, el abandono de uno de los principales derechos del ciudadano que no pueden ni deben quedar supeditados a las disponibilidades económicas de cada momento y que todo gobierno tiene la obligación de garantizarlos.
Los abogados, que consideran esta decisión del ministro Gallardón y del gobierno del PP, tienen entre sus funciones no sólo defender los intereses de sus clientes si no que, especialmente los derechos fundamentales de las personas y por lo tanto, con la obligación de tratar por todos los medios que esta tropelía no se consume".
Tambien, los Jueces presentes en la concentración, corroboraron estas declaraciones apuntando y pidiendo ademas, mejor trato para las útlimas promociónes de miembros de la judicatura que estan recibiendo un trato injusto, con un sueldo de mileuristas viendose obligados a realizar desplazamientos a cualquier punto de España cubriendo vacantes en cualquier punto, ademas de denunciar las dificultades cada vez mayores que han de afrontar para realizar su función.
No hay comentarios:
Publicar un comentario