En el Dia Mundial de los Derechos Humanos, trascribo un reciente artículo del Magistrado Juez, Baltasar Garzon, España frente a la verdad
En 2009 España fue amonestada tanto por el Comité de Derechos Humanos como por el Comité de la Tortura, quienes señalaron que España no puede amparase en la prescripción de estos crímenes o en la Ley de Amnistía de 1977 para no investigar y juzgar a sus responsables.
En la misma línea fueron las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU del pasado 30 de septiembre de 2013, que establecían que la interpretación del TS manifestada en la sentencia 101/2012 en relación a la permanencia del delito de desaparición forzada y la prescripción y amnistía de los crímenes cometidos durante el franquismo, es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España.
Ese viernes 16 de noviembre de 2013, el Estado español, volvió a suspender el examen de un organismo internacional.
El Comité contra la Desaparición Forzada fue contundente en sus observaciones; las desapariciones forzadas deben ser investigadas “independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado una denuncia formal”, los presuntos autores deben ser enjuiciados, declaradas culpables y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos y las víctimas deben recibir una adecuada reparación.
Las desapariciones forzadas deben ser investigadas al margen del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas.
Con estas declaraciones, el Comité niega con rotundidad la validez del argumento alegado por la delegación española en relación a la incompetencia de este órgano para referirse a las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención para España.
Coincidiendo con la opinión de todas las organizaciones de la sociedad civil que acudimos a dicho examen, el Comité manifiesta que la Convención no solo está pensada para el futuro, sino que debe proteger a todas y cada una de las víctimas de este delito. El Comité ha dejado patente su absoluta independencia no dejándose intimidar por las nada sutiles advertencias vertidas, en su alegato final, por la representante diplomática de España ante la ONU en Ginebra, en cuanto a las consecuencias que podría tener la aplicación de la Convención a casos del pasado para la universalización de esta.
El Comité contradice frontalmente en sus observaciones la posición del Tribunal Supremo en torno a la permanencia del delito de desaparición forzada, la prescripción del delito y la aplicación de la ley de amnistía. Exhorta a que “se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía”.
En evidente referencia al procedimiento judicial abierto en Argentina, el Comité recomienda al Estado que vele por que se asegure el auxilio judicial solicitado por otros estados y que se cumpla con el principio de “extraditar o juzgar” previsto en la Convención. Ante esto, España debería responder positivamente a la orden de detención y extradición de los imputados por la juez María Servini en el auto de 18 de septiembre de este año, y no esconderse en subterfugios, más propios de un Estado que desconoce los derechos humanos que de un autentico Estado democrático y de Derecho.
El Comité destaca asimismo el hecho de que ni siquiera se haya satisfecho el derecho a la verdad de las víctimas de las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil y el franquismo, invitando así al Estado a crear una “comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones d derechos humanos ocurridas en el pasado”. Esta recomendación coincide con la presentación ante el parlamento el jueves 21 de noviembre de una proposición no de ley que contempla precisamente el establecimiento de una Comisión de la Verdad para los crímenes ocurridos en la guerra civil y el franquismo.
Por el contrario, si España, una vez más, prescinde de esta iniciativa y viola la legalidad internacional incumpliendo esas recomendaciones, tal decisión, tendrá consecuencias desastrosas para la maltrecha imagen de nuestro país ante una comunidad internacional cada vez más perpleja ante la deriva de España, a cuyo Gobierno, sólo parece interesarle los aspectos materiales en el ejercicio de la política.
Un país que incumple manifiestamente el derecho internacional y viola los derechos humanos de sus ciudadanos inspira una gran desconfianza, en todos los ámbitos y especialmente en el de la credibilidad que cualquier medida proveniente del mismo, pretenda producir impactos positivos para aquellos.
En un momento determinado, estuvimos a la cabeza de la defensa universal de las víctimas, después, gracias a las decisiones de los Gobiernos sucesivos, del Parlamento, en 2009, y del Tribunal Supremo en 2012, caímos en picado hasta el furgón de cola, renunciando a ese liderazgo, posición que se ha mantenido haciendo oídos sordos a las sucesivas recomendaciones de organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Comité de Prevención de la Tortura, los Relatores de la ONU y los Comités de la misma, perdiendo posiciones en los índices de lucha contra la corrupción, que se expande como las metástasis y sin una reacción nítida frente a los problemas de la ciudadanía.
Será una buena oportunidad para ver si existe voluntad de regeneración, el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de Personas de Naciones Unidas y, con ello, la minoración del dolor de miles de víctimas que esperan verdad, justicia y reparación.
Baltasar Garzón es magistrado juez.
El pasado 16 de noviembre el Comité contra la Desaparición Forzada dio a conocer sus observaciones finales acerca del cumplimiento de España de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, tratado internacional por el que está obligada desde su entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010.Una vez más, un órgano de Naciones Unidas tiene que llamar la atención a España acerca del incumplimiento de sus obligaciones internacionales en torno a los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo.
En 2009 España fue amonestada tanto por el Comité de Derechos Humanos como por el Comité de la Tortura, quienes señalaron que España no puede amparase en la prescripción de estos crímenes o en la Ley de Amnistía de 1977 para no investigar y juzgar a sus responsables.
En la misma línea fueron las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU del pasado 30 de septiembre de 2013, que establecían que la interpretación del TS manifestada en la sentencia 101/2012 en relación a la permanencia del delito de desaparición forzada y la prescripción y amnistía de los crímenes cometidos durante el franquismo, es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España.
Ese viernes 16 de noviembre de 2013, el Estado español, volvió a suspender el examen de un organismo internacional.
El Comité contra la Desaparición Forzada fue contundente en sus observaciones; las desapariciones forzadas deben ser investigadas “independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado una denuncia formal”, los presuntos autores deben ser enjuiciados, declaradas culpables y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos y las víctimas deben recibir una adecuada reparación.
Las desapariciones forzadas deben ser investigadas al margen del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas.
Con estas declaraciones, el Comité niega con rotundidad la validez del argumento alegado por la delegación española en relación a la incompetencia de este órgano para referirse a las desapariciones forzadas anteriores a la entrada en vigor de la Convención para España.
Coincidiendo con la opinión de todas las organizaciones de la sociedad civil que acudimos a dicho examen, el Comité manifiesta que la Convención no solo está pensada para el futuro, sino que debe proteger a todas y cada una de las víctimas de este delito. El Comité ha dejado patente su absoluta independencia no dejándose intimidar por las nada sutiles advertencias vertidas, en su alegato final, por la representante diplomática de España ante la ONU en Ginebra, en cuanto a las consecuencias que podría tener la aplicación de la Convención a casos del pasado para la universalización de esta.
El Comité contradice frontalmente en sus observaciones la posición del Tribunal Supremo en torno a la permanencia del delito de desaparición forzada, la prescripción del delito y la aplicación de la ley de amnistía. Exhorta a que “se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía”.
En evidente referencia al procedimiento judicial abierto en Argentina, el Comité recomienda al Estado que vele por que se asegure el auxilio judicial solicitado por otros estados y que se cumpla con el principio de “extraditar o juzgar” previsto en la Convención. Ante esto, España debería responder positivamente a la orden de detención y extradición de los imputados por la juez María Servini en el auto de 18 de septiembre de este año, y no esconderse en subterfugios, más propios de un Estado que desconoce los derechos humanos que de un autentico Estado democrático y de Derecho.
La Ley de Memoria Histórica ha sido vaciada de contenido al eliminar todo presupuesto para su aplicaciónEn relación a la Ley de Memoria Histórica y ante su absoluto vacío de contenido con la eliminación de todo presupuesto para su implementación, el Comité recomienda a España que asigne “recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas” e incluso que se contemple la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de dicha búsqueda. Frente a ello, a la vez que se producía el examen de España, la Vicepresidenta del Gobierno, reconocía en el Parlamento que la referida ley no se aplica porque no hay dinero. De nuevo la bofetada, desconsideración y abandono de las víctimas es la norma del Gobierno
El Comité destaca asimismo el hecho de que ni siquiera se haya satisfecho el derecho a la verdad de las víctimas de las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil y el franquismo, invitando así al Estado a crear una “comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones d derechos humanos ocurridas en el pasado”. Esta recomendación coincide con la presentación ante el parlamento el jueves 21 de noviembre de una proposición no de ley que contempla precisamente el establecimiento de una Comisión de la Verdad para los crímenes ocurridos en la guerra civil y el franquismo.
Por el contrario, si España, una vez más, prescinde de esta iniciativa y viola la legalidad internacional incumpliendo esas recomendaciones, tal decisión, tendrá consecuencias desastrosas para la maltrecha imagen de nuestro país ante una comunidad internacional cada vez más perpleja ante la deriva de España, a cuyo Gobierno, sólo parece interesarle los aspectos materiales en el ejercicio de la política.
Un país que incumple manifiestamente el derecho internacional y viola los derechos humanos de sus ciudadanos inspira una gran desconfianza, en todos los ámbitos y especialmente en el de la credibilidad que cualquier medida proveniente del mismo, pretenda producir impactos positivos para aquellos.
La “marca España”, cada vez está más vacía de contenido o revestida de suciedadPor ello, la cuestión más grave sería la falta de percepción por parte del gobierno y las demás instituciones españolas, de esta realidad y de las consecuencias de la falta de cumplimiento de aquellas resoluciones, que poco a poco van horadando nuestra posición internacional. La “la marca España”, cada vez está más vacía de contenido o revestida de suciedad. Sólo queda el hueco de unas medidas económicas, alejadas de los principios éticos y de las verdaderas necesidades de los más desprotegidos. La sensación de vergüenza, viendo como la selección de futbol o el propio Gobierno, dan cobertura a dictadores o líderes que nadan en la corrupción y para quienes los derechos humanos no existen, demuestra la insensibilidad de quienes siguen pensando que “España es diferente”.
En un momento determinado, estuvimos a la cabeza de la defensa universal de las víctimas, después, gracias a las decisiones de los Gobiernos sucesivos, del Parlamento, en 2009, y del Tribunal Supremo en 2012, caímos en picado hasta el furgón de cola, renunciando a ese liderazgo, posición que se ha mantenido haciendo oídos sordos a las sucesivas recomendaciones de organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Comité de Prevención de la Tortura, los Relatores de la ONU y los Comités de la misma, perdiendo posiciones en los índices de lucha contra la corrupción, que se expande como las metástasis y sin una reacción nítida frente a los problemas de la ciudadanía.
Será una buena oportunidad para ver si existe voluntad de regeneración, el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de Personas de Naciones Unidas y, con ello, la minoración del dolor de miles de víctimas que esperan verdad, justicia y reparación.
Baltasar Garzón es magistrado juez.
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