Pasado estos años, es evidente que la situación del fenómeno inmigratorio en nuestro país ha experimentado una intensa transformación.
Un perido de tiempo en el que en España hemos pasado de 800.000 residentes extranjeros (420.000 comunitarios) a más de 4.500.000 (2.060.000 comunitarios)
Es decir, la población extranjera residente ha pasado de representar el 2% de la población total de España, al 10%.
Por lo tanto parece mas que sensato que el Gobierno se plantee una reforma de la antigua ley de extranjería, una reforma necesaria que se plantee equilibrada y consensuada.
Con esta reforma, el Gobierno pretende pasar de una Ley de extranjería a una Ley de inmigración con un enfoque integral y no meramente administrativo como la antigua ley, permitiendo desarrollar una política migratoria sostenible e integradora..
Los objetivos que persigue esta reforma son:
1. Garantizar los derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas por el hecho de serlo, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
2. Construir el acceso progresivo a otros derechos a partir de la residencia legal, y que se verán paulatinamente reforzados hasta alcanzar la residencia de larga duración.
3. Perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada basado en las necesidades reales del mercado de trabajo,
4. Favorecer las oportunidades de integración de los inmigrantes dotando de medios suficientes a las Administraciones encargadas de desarrollar las políticas.
5. Aumentar la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular, previniendo las llegadas de inmigración clandestina y agilizando las repatriaciones.
Esta reforma garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales , desde el convencimiento de que la igualdad en el ejercicio de los derechos que pertenecen a todas las personas por el hecho de serlo es la base de toda democracia, y desde la certeza de que negar derechos fundamentales no es útil para evitar la inmigración irregular.
El Proyecto de Ley aborda la integración de los inmigrantes como parte esencial de la política de inmigración y apuesta por un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley, garantizando medidas para favorecer el aprendizaje del castellano y demás lenguas cooficiales, la escolarización de los menores, acciones formativas que fomenten el conocimiento y respeto de os valores constitucionales y de la Unión Europea, derechos humanos, libertades públicas y democracia.
En este aspecto se establece además la cooperación entre la Administración estatal con las
dotación de un fondo específico.
La reforma aborda cambios en la reagrupación familiar como cauce legal de entrada, con el objetivo de potenciar la sostenibilidad del sistema. Las reformas se basan en priorizar la familia nuclear.
El proyecto de ley incorpora la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la lucha contra la trata de de seres humanos como un elemento esencial para contribuir a la integración social de los inmigrantes.
Esta reforma protege de manera especial a las víctimas de violencia de género y facilita que puedan denunciar esos hechos. Tambien el Proyecto contempla una serie de mejoras en el ámbito de la lucha mejora de los controles fronterizos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación, de acuerdo con las Directivas europeas, y mejorar las garantías en las distintas situaciones.
Igualmente se prevén nuevas infracciones como los matrimonios de conveniencia, o el falseamiento de los datos del padrón, con la finalidad de evitar el “sobre empadronamiento” de viviendas (los llamados “pisos patera”), y el tráfico entre particulares de falsos empadronamientos con el propósito nuestro sistema.
El Partido en el gobierno, el Socialista, confía en que el proyecto de Ley alcance el más amplio consenso en su tramitación parlamentaria. Un consenso político que tiene que ir más allá de la aritmética parlamentaria y de los intereses de partido porque aborda una cuestión crucial para la sociedad española, y porque se trata de una cuestión de Estado haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios que ofrezca las soluciones más adecuadas en todos los aspectos regulados y fomente la convivencia y el bien común.
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