Bloggers, profesionales, periodistas y usuarios en general de Internet, han levantado las barricadas y se disponen a resistir lo que consideran es un ataque contra su libertad, independencia y seguridad jurídica de quienes trabajan, se divierten, entretienen, estudian o se comunican por la Red y yo soy uno de los que utiliza Internet para todas y cada una estas funciones.
La Red esta que arde y sus chispas han saltado más allá de esta pantalla del ordenador y esta en los foros políticos. Algunos políticos, dicho sea de paso, se han metido en este revuelto río para obtener réditos, aunque no sepan muy bien de va este asunto, concretamente el Partido Popular que rápidamente ha salido con declaraciones grandilocuentes y acusaciones fuera de lugar, pues se está hablando de un anteproyecto de ley, del que el Gobierno ya ha recogido algunas de las sugerencias que desde la red y expertos se han hecho, como que serán los Jueces los que decidan que Web facilitan el pirateo de obras con derechos de autor y de que manera se actuara sobre ellas.
Internet es un elemento poderosísimo y prácticamente imparable, capaz de movilizar a miles de personas a una rapidez impensable hace bien poco. De esta forma y ante las noticias que se venían produciendo en las discusiones sobre lo que es un Anteproyecto de Ley de de Economía Sostenible y los Derechos de Propiedad Intelectual y la Red, las Asociaciones de Internautas se posicionaron en contra, alarmados por la posibilidad de que se pusiera en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página Web , según se lee en punto 2 del Decálogo elaborado por las Asociaciones de Internautas que reproduzco mas abajo.
Ante esta alarma generalizada y posteriores explicaciones y matizaciones, hay que rectificar y decir que "es rotundamente falso que se vaya a cortar la conexión a Internet a nadie". Como se ha dicho en multitud de ocasiones y así viene establecido a nivel legislativo, la autoridad judicial es la única competente para bloquear la conexión a Internet.
La Ley de Economía Sostenible es todavía un anteproyecto de Ley. Según están explicando desde el Gobierno, responsables de Cultura y los expertos que trabajan en la redacción de esta Ley, lo que busca es un equilibrio adecuado entre los derechos, los de la protección a la Propiedad Intelectual y los derechos de los ciudadanos.
El borrador de modelo que propone el Gobierno no criminaliza a los Internautas ni cortará una sola conexión a Internet, no pretende restringir derechos.
Sólo se actuaría frente a los que se apropien y exploten de forma masiva los derechos ajenos, bloqueando esos contenidos.
Desde el Gobierno se dice que se está apostando por llegar a un acuerdo que ofrezca una oferta legal, segura y de calidad y que, además, será compatible con los requisitos recientemente adoptados por el Parlamento Europeo, dando lugar a un procedimiento con plenas garantías. †
También se informa de la ampliación de oportunidades de los ciudadanos, en materia de transmisión de contenidos a través de Internet mediante el anuncio de la banda ancha que a partir de 2011 será un derecho universal de 1MB.
El desarrollo del acceso a la Red debe ir acompañado por un estímulo para impulsar una oferta de contenidos digitales avanzada.
En este sentido, la industria de los contenidos debe seguir esforzándose por ofrecer modelos asequibles y de fácil uso.
Previamente a las manifestaciones explicando lo anteriormente reseñado, la Asociación de Internautas difundió el siguiente
Decálogo:
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página Web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar delimitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
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