Su comparecencia ante el tribunal está relacionada con la querella presentada por el técnico de minas Ricardo Puente Antuña, que le acusa de un delito de tráfico de influencias por adjudicar 'a dedo' las obras y la gestión del complejo turístico de El Soplao a un amigo del consejero, Juan de Miguel García, presidente de la constructora SIEC, incumpliendo así la legislación de contratos de las administraciones públicas.
El magistrado instructor del caso, Juan Piqueras Valls, dispone además que Caja Cantabria aporte una relación de las entradas vendidas para visitar El Soplao desde 2005, las cuales son gestionadas por la entidad bancaria,
La empresa pública tendrá que facilitar al instructor el expediente de contratación y adjudicación del contrato de explotación de servicios del complejo turístico y realización de las obras complementarias, así como los expedientes de cualquier obra, servicio, suministro y asistencia técnica posteriores.
El querellante Ricardo Puente sostiene que López Marcano y Juan de Miguel acudieron a la argucia de tratar todo el proyecto de construcción como si fuera una obra menor o un suministro de pequeña cantidad. Según Puente, para ello giraron facturas al Gobierno regional por importe no superior a los 30.000 euros cada una. De este modo, la adjudicación era directa y no había necesidad de sacar la obra a concurso público. La documentación requerida por el magistrado Piqueras podría aclarar estos extremos.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano , aclaró hoy que no está imputado por presuntas irregularidades en la cueva de El Soplao, sino que ha sido llamado a declarar en calidad de "querellado", ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), el próximo 30 de junio.
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